Tiran casa centenaria, en Guadalajara
Cómo acabar con el centro histórico de Guadalajara
Los pasos (o etapas) para extirpar una finca del centro histórico metropolitano ya están estandarizados: primero se compra una finca antigua y paulatinamente se le remueven los intestinos. De manera lenta pero sistemática, puede observarse el ir y venir de camiones de carga que recogen escombro. Todo esto, en principio debería estar permitido por el municipio pero es imposible saberlo. Quienes trabajan en la empresa demoledora no hablan con los vecinos, responden de manera vaga a preguntas concretas y por lo general esquivan cualquier contacto con la gente del barrio.
La segunda etapa, que complementa la primera, es cerrar al público todo acceso visual a la destrucción. Se clausuran las ventanas. Los demoledores toman su tiempo como si esperaran escuchar la reacción la opinión pública; como parte de sus planes, los destructores dejan parte de la construcción intacta durante meses. Los vecinos especulan: ¿se convertirá la antigua casa en estacionamiento? Quienes allí trabajan ni lo niegan ni lo confirman. Apuran simplemente su acción devastadora: demuelen la última parte de la finca, fuera de la fachada, que hasta entonces se mantenía indemne.
La tercer etapa —el ataque definitivo al edificio– se planea metódicamente. Se escogen días poco hábiles: la muerte de la fachada, lo único que permanece en pie, se deja para el periodo vacacional. Los días que siguieron a los de intensa lluvia en Guadalajara, a partir del 24 de diciembre de 2013, los eligieron los demoledores de una parte pequeña, aunque importante, del patrimonio histórico tapatío. Sólo entonces asestaron su mazazo final.
Hay quienes dicen que por la mañana del 30 de diciembre llegó un representante del Honorable Ayuntamiento para indagar sobre un boquete en la fachada de la casa número 593 del costado sur de la calle Madero. El representante del Ayuntamiento se fue, cuando según los decires de testigos, quienes se encontraban dentro de la finca argumentaron que las lluvias habían debilitado la fachada (pero no escondieron un trascabo o cargador frontal que estaba en el predio y que fue el que dirigió un golpazo contundente sobre una parte totalmente seca del muro). Las fotos anexas dan fe de los primeros leñazos mortales a la finca.
Unas horas después y para desconcierto de los vecinos, la antigua casa estaba prácticamente demolida. La cuarta etapa, la de la demolición, antecede tácticamente a la llegada de las autoridades municipales competentes. Las fotos muestran cómo —o en qué medida— el Ayuntamiento se hace cargo en casos como éste: las autoridades municipales "detienen" tardíamente la destrucción de la finca de marras. Éste es el antecedente inmediato a la quinta etapa, cuando los dueños de la propiedad reciben una multa que pagan con la velocidad o demora que permitan sus recursos.
La sexta etapa (que debe coincidir con la anterior) da por terminado el hecho: lo que queda de pie debe destruirse para evitar que el lugar se convierta en basurero y en escondite de rufianes, drogadictos y malandrines. Es entonces cuando el Ayuntamiento (o sus representantes en turno, al menos) permiten que, en vez de restaurar la fachada de la casa, como se debiera, se demuela por completo para construir sobre su terreno el siguiente adefesio arquitectónico que opacará el centro histórico de la ciudad.
¿Qué sucedería si, por esta vez al menos, los munícipes obligaran a los dueños a restaurar la fachada demolida? Ésta es, de mis preguntas, una que preferiría que no fuera retórica.